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Hablar de la salud es hablar de negocios. En nuestro caso, es también hablar de poderes. Así quedó sellada la discusión del Plan Auge, y es así el tono del actual debate en torno a la elaboración de una nueva política nacional de medicamentos, iniciativa que busca, finalmente, reducir el alto costo en fármacos que encarece el Plan Auge. En el actual panorama, el programa de salud tendría que orientar un 20 por ciento del costo total a la compra de medicamentos.
La propuesta gubernamental apunta hacia el concepto de bioequivalencia -fármacos con el mismo principio activo y que tengan iguales efectos en las personas-, con lo cual se podrían reemplazar productos de marca y altos precios por similares más baratos. El plan, que en principio favorecería a los consumidores, ha enfrentado a todos los actores de este sector, sin que uno de los potenciales afectados, los pacientes, consigan elevar su opinión. Como en tantas otras discusiones parlamentarias, el debate se zanjará entre los agentes productivos y comerciales. Cada uno en su trinchera. El gobierno enfrenta a las transnacionales farmacéuticas, a los laboratorios nacionales y a las cadenas de farmacias; pero todos ellos compiten, a la vez, entre sí.
Los laboratorios extranjeros, que son aquellos que elaboran -no en Chile, porque no tienen sus plantas en el país- los productos de marca, consiguen con apenas una cuarta parte del total de unidades vendidas casi la mitad de la facturación del sector. La explicación es sencilla: se trata de remedios patentados cuyos precios son sensiblemente mayores que los genéricos, aquellos que venden los laboratorios chilenos. Por tanto, los márgenes de comercialización son mucho mayores para los productos patentados que para los genéricos. El interés por mantener el statu quo lo comparten estos laboratorios y las cadenas de farmacias, que se benefician al vender productos de más alto precio.
Los laboratorios chilenos son el segundo gran actor de esta área económica. Su relación en el mercado es inversa. Con el 75 por ciento del volumen, tienen poco más de la mitad de la facturación. Su negocio, por tanto, se apoya, aunque no exclusivamente, en la venta de genéricos, los que tienen precios más bajos y menores márgenes de comercialización.
Los genéricos representan casi el 40 por ciento de las ventas farmacéuticas, pero sólo el diez por ciento de los ingresos del sector. Por el contrario, los remedios de marca abarcan el 90 por ciento de los ingresos y sólo el 62 por ciento del volumen de ventas. El precio promedio por unidad de un producto de marca durante el 2002 se ubicó en seis dólares, en tanto los genéricos en sólo 60 centavos de dólar.
Un tercer actor, que adquiere día a día más fuerza, son las cadenas farmacéuticas. Las actuales tres grandes cadenas -Farmacias Ahumada, Salco-Brand y Cruz Verde- copan más del 95 por ciento del total de las ventas farmacéuticas al detalle, lo que no sólo ha implicado la desaparición del tradicional negocio de barrio sino la creación de un poder de compra que ha arrinconado a los productores más débiles y a los no tan débiles.
Las grandes cadenas son ya un sector económico por sí mismo, como los supermercados o las tiendas por departamentos. La lucha entre ellas no da tregua y es muy probable que continúe con la incorporación de D&S a través de FarmaLíder, un actor bien conocido por su agresividad comercial.
Las grandes cadenas no sólo expresan su poderío a la hora de negociar con los laboratorios que elaboran medicamentos genéricos. La incorporación de genéricos propios, bajo la marca de la cadena, es un factor que tiene al menos dos efectos visibles. Al vender sus propias marcas, la cadena puede aumentar sus márgenes de comercialización; sin embargo, la venta de estos genéricos implica un efecto negativo para los otros laboratorios. Esta situación, que es un tipo de integración vertical, llevó a un reclamo por parte de los productores nacionales ante la comisión antimonopolio, la que, sin embargo, no fue acogida.

BIOEQUIVALENCIA

Los primeros detractores de la propuesta gubernamental, pero en ningún caso los únicos, son las transnacionales farmacéuticas. Estos conglomerados, que importan sus productos, verían sin duda mermadas sus ventas con los similares bioequivalentes. Desde aquí ya ha surgido un intenso lobbying, un discurso que intenta diferenciar la calidad de un medicamento de marca con la de un genérico. Las conclusiones a las que llegó hace unas semanas la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en las que revelaba las graves falencias en la calidad de los medicamentos que consume la población, es posible interpretarlas como un episodio más en esta gran discusión. Sus conclusiones, que favorecen a los grandes conglomerados farmacéuticos, fueron totalmente rechazadas por los laboratorios chilenos. Según estas fuentes, no existe ninguna prueba que demuestre una deficiente calidad en los fármacos nacionales los cuales, afirman, se hallan por lo menos en la media latinoamericana.
La propuesta del Ministerio de Salud ha estimulado un terreno ya conflictivo. Aquí nadie quiere perder una porción de su mercado, un temor que es aún más sensible cuando arrecia la competencia. No sólo hay actores grandes contra chicos, sino grandes contra otros gigantescos. Sin embargo, si hay que señalar los más débiles, éstos serían los laboratorios nacionales, donde conviven desde la multinacional norteamericana Ivax, dueña del Laboratorio Chile y principal productor de genéricos, hasta otros que elaboran medicinas naturales. Sólo cuatro laboratorios detentan el 31 por ciento del mercado, en tanto otros cien se distribuyen el 69 por ciento.
Exigir la bioequivalencia podría favorecer a la industria nacional, ya que el consumidor preferiría el medicamento similar de menor precio. Pero significa también elevar los estándares de calidad de la producción a la norma internacional GMP (o Buenas Prácticas de Elaboración). Esta exigencia fue hecha por el gobierno a los laboratorios chilenos y tuvo como plazo diciembre del 2002 pero por diversas razones, principalmente financieras, tuvo que aplazarse hasta el 2005. La conversión a la norma GMP es cara y puede costar varios millones de dólares.
Las aprensiones están en el aire. Aun cuando ya son varios los laboratorios chilenos que han hecho la inversión, la mayoría no está en condiciones de enfrentar los altos costos. Por tanto, no son pocas las voces sectoriales que auguran una próxima reestructuración del área, lo que es lo mismo que la desaparición de numerosos laboratorios.
Tener aprobada la GMP es un paso. Conseguir la bioequivalencia para un genérico es otro. El costo del análisis sube a 30 mil dólares por fármaco y es un proceso que puede tardar hasta un año. Un costo que sin duda tendrá que ser trasladado al precio final del remedio, el que será asumido por el consumidor.
Por tanto, con la propuesta gubernamental todos los genéricos bioequivalentes subirían su precio. La pregunta es cuánto. Y podría ser bastante al considerar la enorme diferencia que existe entre un producto de marca y un genérico. Al desaparecer unos cuantos laboratorios los pocos que permanezcan podrían acercar sus productos bioequivalentes a los precios de los patentados de marca.
Las grandes cadenas también han arremetido contra el proyecto. Los mayores márgenes de comercialización se hallan en los remedios de marca, por tanto la facultad de reemplazarlos por similares de bajo precio les significaría una reducción en su venta. Sin embargo, es probable que salgan del aprieto con la elaboración de productos propios.
Son los laboratorios nacionales los que estarían en el rincón más oscuro. En el caso que las cadenas de farmacias obtengan la certificación de bioequivalencia para algunos de sus genéricos que ya venden, el panorama pasaría de gris a negro para los laboratorios. No cabe ninguna duda que el expendedor de la farmacia preferirá un remedio producido por su empleador.
Como en tantas otras áreas, finalmente serán estos poderosos agentes quienes determinarán el curso del futuro proyecto de ley. Así como sucedió con el financiamiento del Plan Auge, es bien posible que esta nueva iniciativa encuentre sus recursos en el bolsillo de los consumidores